Las empresas proveedoras de Internet, cable y telefonía definieron aumentar un 20 por ciento las tarifas a partir de enero próximo y ya comenzaron a notificar a sus clientes.
Los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año, en medio de la pandemia. Ahora definieron reajustar el valor de las facturas y cuentan con un primer visto bueno del Gobierno.
En mayo, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó que habían llegado a un acuerdo con las empresas para que no hubiera aumentos hasta el 31 de agosto.
Pero cuando las compañías habían anunciado ya ajustes del 11% para septiembre, Alberto Fernández anunció el 21 de agosto que congelaba hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales.
Decreto presidencial
“De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, indicó en ese momento el Presidente. Y advirtió, además, que el Gobierno estaba “recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado”.
“La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, agregó entonces el jefe del Estado.
“El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, señaló.
Por medio del decreto 690/2020, el Gobierno declaró los servicios de telefonía, Internet y cable como “públicos, esenciales y estratégicos en competencia”, por lo que ahora podría fijar un tope a los aumentos.
En su momento, el texto del DNU estableció modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e incorpora un artículo a esa norma en el que se otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios.
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