La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó 23 resoluciones generales que imponían requisitos de intervención a cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales durante las verificaciones físicas de mercaderías importadas. Esta medida se enmarca en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para lograr una reducción del arancel del 10% que ese país impuso recientemente a los productos argentinos.
La decisión se formalizó mediante la Resolución General N° 5693/2025, firmada por el titular del organismo, Juan Alberto Pazo, y publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo. A partir del 10 de mayo, día siguiente a su publicación, la normativa entró en vigencia y dejó sin efecto un conjunto de disposiciones emitidas entre 1998 y 1999, vinculadas al canal rojo de selectividad en el sistema aduanero.
Según explicaron desde el Gobierno, esta iniciativa “ayuda al proceso de liberar el comercio”. La eliminación de estos requisitos representa un paso en dirección a varios de los puntos incluidos en el documento anual de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), que detalla las principales barreras que, según Washington, obstaculizan el comercio bilateral con Argentina.
“El anuncio es parte del proceso de simplificación y desburocratización. Trabas arancelarias, un montón de resoluciones aisladas, que exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones, algo que generaba un montón de demoras operativas y costos adicionales”, explicaron desde el Gobierno. “Había barreras duplicadas y ahora las sacamos”, resumieron.
También dio detalles el ministro Federico Sturzenegger, en X. “Para sacar un container que iba por canal rojo necesitabas la aprobación de tu competidor local. El modelo de la casta en formato puro. Pero como hemos encontrado en muchas áreas, este tipo de restricciones tienen infinidad de ‘redundancias’, es decir, barreras duplicadas. Por eso celebramos la decisión de Juan Pazo que, en un trabajo digno de un arqueólogo, descubrió estas redundancias. Aunque estos mecanismos no se activaban de manera habitual, ciertamente eran un disuasorio, además de sobrecargar al proceso y a la aduana. Gracias Andrés Velis, Director General de Aduanas (y equipo), por seguir el proceso de depuración del comercio, pilar fundamental del Pacto de Mayo impulsado por el presidente”, dijo Sturzenegger.
Una decisión alineada con reclamos internacionales
El informe “Barreras al comercio exterior”, publicado por EEUU, incluye pedidos concretos de simplificación del sistema aduanero, eliminación de trabas no arancelarias y mayor previsibilidad en los procedimientos de importación. En este contexto, la eliminación del sistema de participación obligatoria de entidades observadoras responde a las exigencias de facilitar el ingreso de productos extranjeros al país.
Las normas derogadas —resoluciones 172, 210, 273, 274, 297, 345, 366, 538, 560, 578, 579, 580, 595, 617, 618, 626, 642, 647, 667, 673, 674, 676 y 692— habían sido dictadas a fines de los años noventa. Exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones físicas que se realizaban cuando la mercadería recibía canal rojo de selectividad dentro del Sistema Informático MALVINA (SIM).
En su argumentación, ARCA señaló que el esquema resultaba poco efectivo. La participación era escasa y su implementación requería una planificación anticipada que generaba demoras operativas. Además, implicaba costos adicionales tanto para el Estado como para los operadores privados involucrados en el proceso de despacho de importaciones.
Reclamos puntuales de Estados Unidos
El documento estadounidense que sirve de marco para el Acuerdo TIFA (Trade and Investment Framework Agreement), firmado en 2016, contiene un listado de obstáculos al comercio que incluyen, entre otros puntos:
- Reducción de barreras no arancelarias, entre ellas las vinculadas a importación de productos usados, reacondicionados o remanufacturados.
- Simplificación del sistema aduanero, incluyendo la eliminación de controles duplicados, automatización de procesos y reducción de discrecionalidades.
- Fin de la consularización obligatoria de documentación para importaciones.
- Transparencia en licencias de importación, aún después de la eliminación del régimen de licencias no automáticas.
En este contexto, la eliminación del requisito de intervención de cámaras y asociaciones fue interpretada como una medida alineada con la hoja de ruta planteada por Washington para mejorar las condiciones de acceso de productos argentinos al mercado estadounidense.
Impacto operativo y normativo
La decisión se adoptó luego de que distintas áreas técnicas de la Dirección General de Aduanas advirtieran que el esquema vigente presentaba baja concurrencia por parte de las entidades observadoras, además de generar dilataciones innecesarias en los trámites. Las verificaciones físicas debían coordinarse con antelación suficiente para que estas organizaciones pudieran enviar un representante, lo cual se convirtió en una práctica costosa y de escasa utilidad práctica.
ARCA señaló que la medida “favorece la agilización del desaduanamiento de mercaderías, sin alterar el control aduanero ni la trazabilidad de las operaciones de importación”. Además, remarcó que se trata de una política orientada a una gestión pública eficiente, con foco en mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
La eliminación de estas normas se suma a decisiones previas, como la Resolución General N° 5586, que en su momento derogó otras disposiciones similares: las resoluciones 701 y 799 y la Nota Externa N° 77 (DGA), todas orientadas al mismo sistema de participación sectorial en verificaciones físicas.
Apoyo desde el sector importador
Desde el ámbito privado, la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) respaldó la resolución. Fernando Furci, su CEO, afirmó: “En primer lugar, hay que preguntarse qué justificación había para que un representante de una cámara local tenga que verificar el cumplimiento de normas de importación cuando hay personal de Aduana competente a nivel técnico y académico para hacerlo”.
Furci también expresó que, en términos prácticos, “estas trabas se aplicaban poco, pero eran parte de una caja de Pandora de recursos que permitían trabar ingresos de productos y la realización de negocios sin que haya mucho sentido para ello”.
Formalización y actores intervinientes
La Resolución General N° 5693/2025 fue firmada el 7 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron en su redacción y aprobación áreas como Legislación, Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Operaciones Aduaneras del Interior, Control Aduanero, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones, junto con la Dirección General de Aduanas.
El artículo primero de la norma indica la abrogación explícita de las 23 resoluciones mencionadas. El segundo artículo establece su entrada en vigencia a partir del día siguiente a su publicación. Finalmente, el tercer artículo instruye la comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y su difusión por canales institucionales de Aduana.
Negociaciones bilaterales en curso
La publicación del informe de USTR y la reacción del Gobierno argentino ocurren en un contexto de renovadas gestiones bilaterales. Luego del arancel del 10% que Estados Unidos aplicó a las importaciones desde Argentina, el Ministerio de Economía busca mecanismos que permitan mejorar el acceso de productos nacionales al mercado norteamericano.
Los reclamos de Estados Unidos apuntan a condiciones estructurales del comercio exterior argentino. Entre ellos, la estructura tributaria compleja, la accesibilidad restringida al mercado de cambios, y las limitaciones a la importación de determinados bienes. También se mencionan demandas en áreas como servicios, propiedad intelectual y regulación de contenidos audiovisuales.
Desde Washington se sostuvo que una reducción de aranceles podría concretarse si Argentina avanza en una agenda de previsibilidad normativa, simplificación administrativa y acceso equitativo al mercado. En ese marco, decisiones como la de ARCA se interpretan como señales de avance, aunque aún quedan múltiples exigencias pendientes.