La Justicia dio un nuevo paso en la investigación por la presunta golpiza que sufrió Bryan Alexander Pastén dentro de la Comisaría 31 de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, al formalizar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra los cinco policías involucrados en la causa.
Durante la audiencia realizada este viernes, el juez Alberto Caballero resolvió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso que el efectivo Hernán Ochoa continúe detenido con prisión preventiva por el plazo de 15 días, al considerar que existen riesgos para el desarrollo de la investigación.
En tanto, los otros cuatro policías imputados continuarán el proceso en libertad, aunque deberán cumplir una serie de medidas de coerción impuestas por la Justicia.
La investigación es llevada adelante por el fiscal Iván Grassi, junto a las ayudantes fiscales Gimena Cornejo y Agustina Plateo, quienes sostuvieron durante la audiencia que Ochoa sería el presunto autor material de las lesiones más graves sufridas por Pastén, entre ellas la fractura de una pierna.
Además, la Fiscalía argumentó que la prisión preventiva resulta necesaria para evitar un posible entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado podría influir sobre otros efectivos policiales que deberán declarar como testigos.
La defensa de los cinco uniformados, representada por la abogada María Filomena Noriega, no cuestionó la formalización de la investigación ni el plazo solicitado por la Fiscalía, aunque sí pidió que Ochoa recuperara la libertad bajo otras medidas, planteo que finalmente fue rechazado por el magistrado.
Las imputaciones
Según la acusación fiscal, Hernán Ochoa fue imputado por los delitos de apremios ilegales y lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, al ser señalado como quien habría provocado la fractura que sufrió la víctima.
Por su parte, el cabo José Gabriel Páez y el agente Miguel Alejandro Saldaña fueron imputados por los presuntos delitos de vejaciones y apremios ilegales, debido a la supuesta participación que habrían tenido en los malos tratos posteriores a la agresión.
En tanto, los agentes Lucas Ortiz y Fabián Atencio fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que, según la investigación, habrían presenciado los hechos sin intervenir para impedir la agresión.
Medidas impuestas
Aunque permanecerán en libertad, los cuatro policías imputados deberán cumplir estrictas condiciones mientras avance el proceso judicial.
Entre las medidas ordenadas por el juez se encuentran la obligación de presentarse mensualmente en la comisaría correspondiente a su domicilio, la prohibición de salir de la provincia o del país sin autorización judicial y la prohibición de realizar cualquier conducta que pueda obstaculizar la investigación.
Además, el magistrado dispuso que ninguno de los efectivos pueda mantener contacto entre sí, acercarse a la Comisaría 31, comunicarse con la víctima o continuar prestando funciones en esa dependencia policial, debiendo ser destinados provisoriamente a otras unidades.
Un año de investigación
La Fiscalía solicitó un plazo de un año para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria, período durante el cual se incorporarán nuevas pruebas, pericias y testimonios con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido.
La causa se originó tras la denuncia presentada por la madre de Bryan Alexander Pastén, quien afirmó que su hijo fue brutalmente golpeado mientras permanecía detenido en la Comisaría 31 el pasado 18 de julio.
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