A cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo fue sentenciado Alejandro Esequiel Jofré en la provincia de San Juan, luego de ser hallado culpable de coordinar una vasta maniobra fraudulenta reiterada en 53 oportunidades. La resolución judicial cobró firmeza tras la homologación del juez Matías Parrón a un acuerdo de juicio abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal, instancia donde el imputado admitió explícitamente su autoría en los hechos.
La investigación, llevada adelante por el fiscal Guillermo Heredia, determinó que el condenado utilizaba su función dentro del Servicio Penitenciario Provincial como plataforma para captar el capital de sus propios compañeros de fuerza, familiares, amistades y particulares. Bajo la apariencia de un próspero operador financiero, Jofré aseguraba mantener unidades de negocio vinculadas a la comercialización de harina, insumos de limpieza, materiales para la construcción, préstamos a privados y contratos con la Municipalidad de Angaco. Para dar credibilidad a su relato, exhibía vehículos de gama alta y saldos bancarios abultados.
El señuelo principal consistía en la promesa de rendimientos de hasta un 50% en plazos de entre 30 y 60 días, guarismos sustancialmente superiores a los del mercado formal. Durante las fases iniciales del esquema, el acusado abonaba las ganancias pactadas para infundir confianza, dinámica que inducía a las víctimas a inyectar mayores sumas o captar a nuevos participantes.
El volumen del fraude reunió 53 denuncias formales e involucró el movimiento de más de 323 millones de pesos canalizados mediante transferencias, billeteras virtuales y dinero en efectivo. Una vez computadas las devoluciones parciales con las que sostenía el engaño, la Fiscalía precisó que el daño patrimonial neto alcanzó los $264.395.400. Entre los perjudicados figuran agentes penitenciarios, efectivos policiales, empleados municipales, comerciantes, profesionales independientes, jubilados y allegados.
El expediente judicial incorporó más de 180 comprobantes de transferencias, registros de conversaciones por WhatsApp, pagarés e informes emitidos por entidades bancarias. Todo este material probatorio permitió reconstruir la ruta del dinero hacia cuentas del propio Jofré, de su pareja, de familiares directos y de terceros interpuestos.
Junto con la condena a prisión efectiva, el fallo judicial confirmó el mantenimiento y la actualización de las medidas cautelares sobre el patrimonio del sentenciado, ordenando el decomiso de bienes y el inicio del proceso de restitución de los elementos incautados a las víctimas identificadas.
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