En medio de una creciente controversia en la provincia de San Juan, la Defensoría del Pueblo, liderada por Florencia Peñaloza, ha tomado medidas preventivas para abordar la polémica en torno al uso de sistemas antigranizo y rompetormentas. A través de una presentación oficial, solicitaron a las autoridades provinciales de Producción, Trabajo e Innovación y Ambiente y Desarrollo Sustentable la suspensión inmediata del uso de estos sistemas en la jurisdicción de San Juan.
La medida preventiva también incluye la petición a las autoridades para llevar a cabo una verificación exhaustiva de todos los cañones antigranizo y rompetormentas instalados en el territorio local. Además, se insta a la presentación de un informe detallado sobre el impacto ambiental asociado al uso de estos sistemas, con el propósito de prevenir posibles daños ecológicos y ambientales que podrían afectar a todos los habitantes de la provincia.
“Es prioridad para esta institución cuidar a los sanjuaninos, su ambiente, el presente y el futuro de nuestra provincia, por eso actuamos para prevenir cualquier daño que pueda perjudicar a San Juan”, reza el comunicado oficial.
Sarmiento es uno de los departamentos que más inatalaciones de este tipo se observan. Allí los diferimientos agrícolas, presuntamente utilizan casi a diario este tipo de maquinarias para evitar la caída de granizo, El sector del campo, se quejó en más de una oportunidad, asegurando que este tipo de mecanismo agravan la sequía que existe en San Juan y conlleva a serios problemas con el agua, otro tipos de emprendimientos y también pone en riesgo la vida de los animales de la zona.
