La provincia de San Juan atraviesa una compleja situación por el aumento de falsas amenazas de bomba, que en la última semana sumaron nueve llamados. Estos episodios obligaron a evacuar escuelas y el Centro Cívico, movilizando a las fuerzas de seguridad y generando importantes costos económicos.
Ante este escenario, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, advirtió que la difusión pública de cada hecho podría estar incentivando la repetición. “Habría que probar con otras alternativas. En Córdoba, por ejemplo, la no difusión ayudó a reducir la cantidad de llamados falsos”, señaló en declaraciones radiales.
Una de las estrategias que se evalúa es limitar la comunicación oficial de cada amenaza, para intentar frenar el “efecto contagio”. La medida, sin embargo, deberá ser definida en conjunto con la Secretaría de Seguridad y otras áreas del gobierno provincial.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de Estado avanza con demandas civiles contra los responsables. Este viernes se presentarán al menos tres, entre ellas una vinculada al llamado previo al recital de Lali en el Estadio Aldo Cantoni y otras realizadas por menores a instituciones educativas. El cálculo de los montos parte de un piso de 4 millones de pesos por operativo, en base a los costos generados.
Dávila remarcó que estas falsas alertas producen daños materiales y morales: “Es un tiempo perdido y un daño colectivo que no se puede recuperar”, sostuvo.
Las autoridades insisten en la necesidad de mayor responsabilidad social para frenar un fenómeno que afecta la seguridad y el normal funcionamiento de la provincia.
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