El Gobierno nacional quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que una auditoría detectara presuntos sobreprecios superiores al 4.000% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La investigación reveló diferencias millonarias entre los valores abonados por el organismo y los precios de referencia del mercado, situación que ya es analizada por la Justicia federal.
Entre los productos observados aparecen sillas de ruedas, prótesis, andadores y otros elementos ortopédicos adquiridos mediante contrataciones que ahora son objeto de revisión.
De acuerdo con los informes oficiales, algunos insumos habrían sido comprados a valores hasta 4.239% más altos que los precios habituales, lo que despertó sospechas sobre posibles irregularidades administrativas y maniobras de corrupción.
La causa judicial quedó en manos del fiscal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello, quienes avanzan sobre un esquema de contrataciones que habría favorecido a determinados proveedores vinculados a la ANDIS.
En el marco de la investigación también fueron señaladas empresas proveedoras que habrían recibido importantes adjudicaciones para la venta de productos médicos y ortopédicos al Estado nacional.
Desde el Ministerio de Salud indicaron que las inconsistencias detectadas impulsaron una auditoría integral sobre las compras efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, además de una revisión de los mecanismos de control internos.
El escándalo por los presuntos sobreprecios se suma a otras investigaciones recientes relacionadas con contrataciones estatales y adquisiciones de insumos médicos, un tema que volvió a generar preocupación dentro de la administración pública nacional.
Mientras avanza la causa judicial, el Gobierno busca determinar responsabilidades y establecer si existieron maniobras irregulares en el manejo de fondos destinados a prestaciones para personas con discapacidad









