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Tiene 80 años, está postrado y su familia lo abandonó: la Justicia lo amparó

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La jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá, en base a la Ley de Violencia Familiar, ordenó la prohibición de acercamiento a familiares directos y retuvo los beneficios económicos que un hijo de Demetrio Fernández cobraba.

La Justicia actuó luego de tomar conocimiento de una denuncia de un tercero que se realizó en la Comisaría Novena de Caucete, donde consta que Demetrio Fernández es una adulto mayor convaleciente de un ACV, que es oriundo de la localidad de Bermejo, en Caucete, que viene siendo víctima de actos de violencia (psicológica , moral y económica) por parte de sus familiares. También el denunciante puso en conocimiento que este señor de 80 años no recibe asistencia médica y que corre peligro su vida. El denunciante manifestó que Fernández percibe una pensión, pero desconoce quien la cobra.

En su artículo 38 “se faculta a los jueces para que de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Fiscal, en carácter de medida cautelar, se disponga las medidas de protección que fueren menester en resguardo de la vida, integridad física, psíquicas o emocional libertad, seguridad personal, asistencia económica integridad patrimonial del grupo familiar de y de la víctima tales como exclusión del agresor de la residencia común, protección de acercamiento”.

La jueza Salvá determinó el traslado al Hospital César Aguilar de Caucete, para que reciba toda la asistencia médica necesaria; también ordenó como medida cautelar la prohibición de contacto físico, y trato vejatorio, acercamiento o comunicación turbatoria de cualquier tipo o a través de terceros o de interpósitas persona, por parte de cualquier familiar del señor Fernández y determinó la prohibición de acercamiento a 300 metros de su vivienda.

La jueza Salvá requirió la inmediata intervención de los equipos técnicos interdisciplinarios de la Municipalidad de Caucete, para que aborden el caso y de ser necesario adopten las medidas protectorias de acuerdo a la Ley 989-E.

Estos profesionales deberán elaborar un informe y presentarlo en el juzgado.

También ordenó la jueza Salvá que se giren oficios al banco a fin de que informen sobre los beneficios que percibe el sr Fernández y que se suspendan el pago y que se nombre nuevo apoderado.

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