El Gobierno definirá esta semana la implementación de un subsidio por $5.000 para unas 100 mil personas sin ingresos. Se trata de un coletazo de la sanción de la emergencia alimentaria de la semana pasada y que tiene como ejes territoriales principales las provincias de Mendoza, Jujuy y de Buenos Aires, así como la Capital Federal, confiaron funcionarios a cargo de la organización.
El beneficio, denominado “Bonificación Especial 2019”, fue ideado para ser abonado por única vez a mayores de 18 años, argentinos o extranjeros “con CUIL definitivo otorgado por Anses”, señala la convocatoria que la cartera que encabeza Dante Sica comenzó a enviar el fin de semana a algunos municipios. La condición para su percepción es que la persona no reciba salario ni ingreso de otro tipo.
La tramitación del bono fue llevada a cabo en la máxima reserva por un puñado de colaboradores de Sica mientras crecían las dudas sobre la posibilidad de implementar un pago similar en el sector privado. Esta última alternativa, impulsada por la CGT y conversada con un sector de la Unión Industrial Argentina (UIA), parecía anoche haberse desinflado ante la advertencia de varios sectores empresarios de no estar en condiciones de afrontarlo.
De hecho algunos sindicalistas admitieron que en lugar de la bonificación preferirían reabrir sus paritarias en virtud de las cláusulas vigentes de revisión para complementar los acuerdos salariales alcanzados en el primer semestre del año. Ante ese escenario de incertidumbre en la central obrera dijeron no tener pautada una reunión con el Gobierno.
La bonificación a desocupados, sin embargo, avanzó en silencio la semana pasada. Para el arranque de esta semana se esperaba su ratificación y la publicación de una normativa que dispusiera una reasignación de partidas por cerca de 500 millones de pesos para hacer frente al beneficio. En la convocatoria a la que accedió este diario figuraba como “incompatibilidades” para percibirlo el cobro de seguro por desempleo, pensiones no contributivas, jubilaciones, ingresos por relación de dependencia así como las condiciones de empleador, monotributista o autónomo, trabajador del servicio doméstico o beneficiario de planes sociales o programas de empleo.
En los equipos técnicos encargados de su implementación llamó la atención que las primeras órdenes para organizar el pago señalaran que el grueso de los bonos irían destinados a distritos gobernados por Cambiemos: la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Mendoza, que la semana que viene elegirá gobernador para los próximos cuatro años, y Jujuy.
En la actualidad todos los planes asistenciales son administrados por el Ministerio de Desarrollo Social, de Carolina Stanley. Se calcula que hay al menos 450 mil planes en todo el país. La novedad, en este caso, es que la tramitación recayera en el área de Producción y Trabajo.
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