La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Andrés Vazquez, presentó hoy una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas, según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales.
De acuerdo con lo indicado, la denuncia surge a partir de tareas de fiscalización y análisis efectuadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de fondos en la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso el material probatorio a disposición de la Justicia, mientras continúa avanzando con las acciones administrativas y judiciales correspondientes, en el marco de sus competencias legales, pudo saber este medio.
Se estima de manera preliminar un perjuicio fiscal superior a los 375 millones de pesos, cifra que podría aumentar conforme avance la investigación.
ARCA ya había presentado una denuncia -que incluyó una ampliación con más detalles y pruebas- por posible evasión tributaria y previsional, por una suma que superaría los 19 mil millones de pesos.
El expediente tramita en la Justicia federal y se originó luego de una fiscalización integral de ARCA sobre las operaciones de la AFA entre marzo de 2023 y junio de 2025. La investigación administrativa derivó en resoluciones formales, la apertura de procedimientos determinativos de oficio y la notificación a la Justicia ante la posible comisión de un delito penal tributario, conforme a la legislación vigente.
El inicio de la investigación
La fiscalización comenzó a partir de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. Estos controles permitieron identificar pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin sustento económico real.
Fuentes judiciales explicaron que la investigación no se limitó a una revisión formal de comprobantes, sino que incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales. Se detectó un patrón reiterado: empresas que emitían facturas por montos millonarios, pero que no contaban con empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.
Las resoluciones y la respuesta de la AFA
Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas e IVA. Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026, otorgándole los plazos legales para presentar su descargo y pruebas.
Según consta en el expediente, la AFA rechazó las liquidaciones y manifestó su disconformidad con los ajustes. Frente a esta situación, el organismo avanzó con un procedimiento determinativo de oficio, mecanismo que habilita una revisión más profunda cuando el contribuyente no acepta la determinación fiscal.
En simultáneo, se abrió una investigación adicional a partir de nuevos cruces sistémicos, que permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente fiscalizados. Este segundo frente amplió tanto el período bajo análisis como la cantidad de operaciones investigadas.
El monto en discusión: cifras y períodos
La cuantificación provisional de los ajustes fiscales es la siguiente:
Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas
- Período fiscal 2025
– Ajustes por resoluciones administrativas: 4.647.841,21 pesos
– Ajustes por investigaciones sistémicas: 165.414.140,05 pesos
– Total estimado 2025: 170.061.981,26 pesos
- Período fiscal 2024
– Ajustes por resoluciones administrativas: 52.148.310,91 pesos
– Ajustes por cruces sistémicos: 129.742.595,73 pesos
– Total estimado 2024: 181.890.906,64 pesos
- Período fiscal 2023
– Ajustes por resoluciones administrativas: 22.934.217,46 pesos
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Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Período fiscal 2023
– Ajuste determinado: 1.160.350,80 pesos
En conjunto, el monto determinado supera los 375 millones de pesos, sin incluir intereses resarcitorios ni posibles multas, y sujeto a modificaciones al cierre del procedimiento.
Los proveedores bajo la lupa
Uno de los ejes de la investigación es el análisis individual de los proveedores observados. Más de una decena de firmas presentan características similares:
- Domicilios inexistentes, cerrados o incongruentes con la actividad declarada.
- Falta de empleados registrados o dotaciones mínimas incompatibles con el volumen facturado.
- Ausencia de maquinaria, flota, oficinas u otros activos necesarios para los servicios ofrecidos.
- Movimientos bancarios atípicos, como endosos de cheques, retiros inmediatos de fondos o circuitos cerrados de dinero.
- Socios o directivos que integran múltiples sociedades, varias de ellas en la base de contribuyentes no confiables.
En los anexos del expediente, ARCA detalla caso por caso las irregularidades detectadas, con actas de inspección, fotografías, informes bancarios y análisis de capacidad económica. En varios domicilios declarados, los inspectores no lograron localizar a las empresas o hallaron viviendas particulares sin actividad comercial visible.
La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Fuentes judiciales explicaron que esta figura se aplica cuando los pagos realizados por un contribuyente carecen de respaldo en operaciones reales, al margen de la existencia formal de facturas.
Los informes sostienen que la emisión de un comprobante no basta para justificar la deducción del gasto si no se acredita la prestación efectiva del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad real del proveedor. Bajo este criterio, ARCA consideró que los pagos de la AFA a las firmas cuestionadas no pueden ser aceptados como gastos deducibles, lo que dio lugar al ajuste fiscal.
El expediente pone especial foco en el elemento subjetivo, es decir, el conocimiento o intención del contribuyente. ARCA sostiene que, por el volumen de operaciones, la reiteración de proveedores y las inconsistencias detectadas, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones.
Las actuaciones afirman que no se trata de un caso aislado ni de errores administrativos puntuales, sino de un esquema que se reiteró durante varios ejercicios fiscales. Para los investigadores, ese patrón refuerza la hipótesis de una maniobra deliberada para reducir la carga tributaria mediante el uso de facturas sin respaldo real.
Ante la magnitud de las irregularidades, ARCA informó formalmente al juez interviniente, aportando las resoluciones administrativas, los informes técnicos y la cuantificación preliminar del perjuicio fiscal. Fuentes judiciales indicaron que el organismo solicitó continuar con las medidas de prueba y pidió autorización para nuevos requerimientos de información.
Actualmente, la causa está en etapa de instrucción. No existe resolución judicial de fondo ni imputación penal formal, aunque las actuaciones describen indicios que podrían configurar un delito penal tributario según la normativa vigente.
Desde el ámbito judicial advierten que el expediente sigue abierto y que los montos y responsabilidades finales dependerán del avance de las actuaciones administrativas y de las decisiones que adopte la Justicia. La investigación podría ampliarse si aparecen nuevos proveedores, períodos o circuitos financieros bajo sospecha.
El caso se perfila como una de las investigaciones fiscales de mayor relevancia de los últimos años en torno a una entidad de alto perfil público, tanto por el volumen económico involucrado como por la complejidad del esquema examinado y el nivel de detalle técnico de los informes. Mientras tanto, la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa en las instancias administrativas y judiciales, en una causa que mantiene la atención en los ámbitos político, judicial y deportivo.
